Alegaciones

Derecho ciudadano a reclamar vía procedimiento administrativo cambios en las normativas, leyes o PGOU de las administraciones. Las alegaciones no deben ser un juego y un trámite que no hay más remedio que cumplir. Es un momento importante que sirve para medir los niveles democráticos de responsables políticos de la instituciones, especialmente de ayuntamientos. Las alegaciones han de ampliar los espacios de participación y debate; no cerrarlos o reducirlos. Es decir, antes de las alegaciones ha debido haber espacios y foros en que se argumente, y los responsables políticos den la cara. Y oigan los argumentos de los ciudadanos. Y las propias alegaciones han de servir para seguir profundizando en un diálogo responsable y clarificador y para tener en cuenta con seriedad y respeto lo que los ciudadanos proponen.

El urbanismo es un mundo complejo, de múltiples tensiones, con aspectos que se hacen difíciles para la ciudadanía, aunque afecta definitivamente a su vida cotidiana. Su poder ha crecido desproporcinadamente en la vida municipal, de forma que es el campo de batalla por el que pelean no solo partidos, sino también los políticos en el interior de un mismo partido. Las alegaciones otorgan a la ciudadanía, junto con otros instrumentos, un papel corrector, no solo de las normas, sino también de la encrucijada de intereses que se produce entre los conocimientos e informe técnicos, los criterios políticos, las presiones de sectores poderosos en contacto con los responsables políticos, y los propios ciudadanos. Frente a la posición de aquellos ayuntamientos que tienen como lema del periodo de alegaciones "digas lo que digas yo no voy a cambiar mi norma", porque todo se decidió ya "en contacto con otros"; el proceso de alegaciones y respuesta debe garantizar equilibrios , y el que no existan abusos de poder, teniendo como premisa fundamental la flexibilidad, la transparencia y la comunicación.

Para que los ciudadanos puedan alegar sin ver mermados sus derechos, las leyes o normativas han de ser publicitadas con claridad y completas - incluidos planos- en todos los medios posibles, y en horarios y formas en que los ciudadanos puedan acceder a ellos. Los periodos de alegaciones en Valencina han sido a veces una carrera de obstáculos: documentos incompletos, documentos que no se cuelgan en la red, o documentos expuestos en los horarios en que la gente está trabajando, no habla mucho del interés de nuestros responsables políticos porque los ciudadanos participen, aunque afirmen lo contrario.

En las últimas alegaciones, en relación a las normas subsidiarias, con vistas a la construcción del centro de interpretación, particulares y asociaciones de defensa del patrimonio dedicaron su tiempo y su energía a estudiar las normas y presentar sus reivindicaciones que tienen que ver con el emplazamiento del centro, el diseño, la desprotección de la zona, etc. Tanto colectivos como particulares esperaban que la respuesta a las mismas fueran hechas con rigor y sin prepotencia, para que quedaran claras las diferencias en las formas de gobierno con la legislatura anterior. Pero en este sentido, las cosas no han cambiado mucho: En principio la sorpresa, es que la respuesta a dichas alegaciones no la hace el arquitecto municipal, sino un arquitecto contratado a tal efecto. Esto, en un ayuntamiento en crisis, y con arquitecto municipal en nómina, abre nuevas incertidumbres acerca de los criterios para la elaboración de dichas respuestas.

El contenido de las mismas ha dejado perplejo a quienes la presentaron, no solo por su falta de argumentos sólidos, sino por los trucos del lenguaje que se utilizan con tal de no responder a lo que realmente se argumenta por parte de los ciudadanos : desde obviar el objeto de lo manifestado , hasta silogismos retóricos del tipo Groucho Marx: "no queda la zona desprotegida porque queda protegida; es decir, “la parte contratante de la parte contratante de la primera parte..."

Un urbanismo efectivo, fuera de toda duda, y atento a las demandas sociales y ciudadanas requiere menos arbitrariedad y prepotencia en las respuestas a las alegaciones, interés real de escuchar a los ciudadanos; un sistema de trabajo continuado, más tiempo de comprensión, reflexión y diálogo y la voluntad de otorgar un carácter vinculante a las decisiones comunes que puedan ser alcanzadas.


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